El 28 de Noviembre de 2012, coincidiendo con el primer aniversario de la victoria electoral de don Mariano Rajoy por mayoría absoluta, la Comisión Europea autorizó las ayudas públicas del Estado Español para rescatar a la entidad financiera Bankia (y su matriz BFA), según consta en el expediente “State aid SA.35253 (2012/N), Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group”.
Estamos ante la asunción por parte del Estado de una de las mayores pérdidas económicas de la Banca en España (90.000 millones de euros); una nacionalización de la ruina causada por la grave fragilidad sistémica del sistema bancario español, aún hoy no corregida, y que cumple ahora mismo su Octavo Aniversario y que considero de justicia su conmemoración, al objeto de su conocimiento por la opinión pública española, en especial por la del Mundo jurídico que sigue este magnífico digital que me lo ha permitido exponer.
Me llama mucho la atención de dicha autorización de la Comisión Europea que fuera firmada, como se puede observar en su página 43, por el vicepresidente de la misma de entonces, el socialista don Joaquín Almunia, como dejando este asunto europeo en un ámbito estrictamente español; y por otro lado, que las autoridades españolas renunciaran al uso del español como idioma en la especificación de dicho acuerdo tan importante para nosotros, como se puede advertir en el punto (8) del apartado I (“Procedure”), al final de la página 2, donde se dice “España excepcionalmente acepta que la presente decisión sea adoptada en el idioma inglés”.
Sinceramente creo que, si hay una decisión de la Comisión Europea que tiene que dictarse en español es precisamente ésta, dada su relevancia económica para el conjunto de los españoles, así como por la necesidad de conocer en qué hechos se justifica dicha decisión tan extraordinaria, grave y excepcional.
A continuación, se reproducen las tablas relativas a las distintas medidas de ayudas estatales recibidas por las entidades rescatadas, especificadas en dicha autorización, que van desde la recapitalización, al rescate de activos deteriorados, a las garantías estatales y a otras medidas de liquidez.
Estamos hablando de una cifra en torno a los 90.000 mil millones de euros, dinero además que nos supondrá un mucho mayor coste en realidad, pues dicho dinero se ha obtenido mediante financiación externa, esto es mediante deuda pública que tendremos que devolver con una alta rentabilidad, pues cuando fue emitida estábamos próximos al bono basura.
Por su parte, el informe de la Comisión Europea concluye para su posterior autorización que las ayudas públicas estatales de España descritas para reflotar a Bankia y su matriz son compatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y con ello avala todo el proceso de nacionalización de las pérdidas bancarias.
En cuanto al incremento de la deuda pública emitida por España para tapar el boquete de Bankia (y el de otras entidades financieras quebradas que han sido nacionalizadas por el Estado) lo podemos advertir en el siguiente gráfico, en donde contemplamos un ascenso en dicha partida del 2007 al 2014 más propio del Tourmalet en el Tour de Francia, donde pasamos del 35% sobre el PIB a más de un 100%, que de la evolución razonable de un concepto como el descrito en una economía sana.
Si analizamos por su parte el dato de la Evolución de las Ayudas del Estado en España al sector financiero en el periodo de 2007 al 2012, según la tabla contenida en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que incluye las ayudas a todas las entidades de crédito quebradas (incluida Bankia y su matriz), nos podemos hacer una idea de la magnitud de dicho coste y riesgo para las arcas públicas, tanto en importes como en porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto).
- En recapitalización (cifras aproximadas): 60.000 millones de euros.
- En rescate de activos deteriorados: 30.000 millones de euros.
- En Garantías: 226.000 millones de euros.
- Otras medidas de liquidez: 57.000 millones de euros.
Es evidente que la joya de dicho coste es la ruina bancaria de Bankia y su matriz para las arcas públicas, pero existen otras instituciones financieras que requerirían también de su análisis particular.
Estas son parte de las cifras frías extraídas del informe oficial de la Comisión Europea, informe que está en un inglés muy específico y complejo y que, por lo tanto, es imposible de comprender en su justificación y alcance, mientras no lo esté en español, idioma vehicular de nuestra Nación.
Creo que ahora en este Octavo Aniversario de dicho Quebranto Nacional estaría muy bien que la Administración Española tradujera dicho documento a nuestro idioma universal, para que podamos así ahondar más en la gravedad de este agujero negro financiero que recaerá sobre los españoles por nacer, siendo una de las cuestiones que más afectarán en el futuro a nuestra Seguridad Nacional.
Profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid; licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED, con diploma en Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid.