Un nuevo sobresalto ha azuzado el abierto panorama electoral de los Estados Unidos; el fiscal general del estado de Texas, republicano, ha dado un golpe en la mesa, y lo que pasa en Texas suele tener su repercusión en toda la Unión.
Ken Paxton, que así se llama el fiscal general de ese estado, alega en su demanda que los Estados denunciados –Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia– han violado la Constitución de los Estados Unidos, utilizando la pandemia como excusa, en los procesos electorales presidenciales de Noviembre de 2020 y accede así a la máxima instancia jurisdiccional del país norteamericano, su Corte Suprema Federal, alegando la “cláusula de electores” y la decimocuarta enmienda, planteando este asunto estrictamente jurídico como una controversia entre Estados de la Unión, en el marco del ámbito constitucional.
Se rumorea en los mentideros de las más altas instancias de esa nación la posibilidad de que más Estados pro-republicanos se unan a esta acción constitucional.
SE BASA EN DOS PILARES
La demanda tiene dos pilares fundamentales, que son ajenos absolutamente a las reiteradas denuncias de fraudes masivos en el proceso electoral por parte de la candidatura de Donald Trump.
Por el primer pilar, consideran violada la norma electoral de la Constitución estadounidense, que establece que las autoridades administrativas y judiciales de los Estados afectados han cambiado las normas electorales sin base legal en sus Estados para ello.
En el caso concreto de Pensilvania, esto sucedió cuando la corte judicial estatal autorizó la extensión de tres días para recibir los votos por correo, haciéndolo en contra de lo establecido en la ley electoral de ese Estado.
En cuanto a Georgia, estaríamos en un caso similar cuando su secretario de Estado modificó los requisitos de verificación de firmas que mantiene su ley estatal.
Por el segundo pilar, se ataca el hecho incontrovertible de que en los condados de los cuatro Estados demandados no hubo coherencia en las normas electorales aplicadas, tratando de forma distinta los votos según los condados de cada Estado.
Hay que resaltar que esta falta de coherencia es lo que finalmente inclinó la balanza a favor de Bush en su pugna contra Gore en el año 2000 en el Estado de Florida.
Por citar un solo ejemplo de este segundo pilar, en Michigan, en el condado de Wayne, como todos hemos visto en televisión, se impidió el acceso a los observadores republicanos a vigilar el escrutinio, a diferencia del resto, donde sí se les permitió el acceso.
En este condado de Wayne es donde los dos representantes republicanos se negaron a certificar los resultados en un primer momento y si lo hicieron posteriormente fue porque fueron extorsionados, como alegaron después al retractarse de su certificación previa.
NO ES UN CASO DE ACREDITACIÓN PROBATORIA DE FRAUDE
Es importante resaltar, como he indicado anteriormente, que no estamos en un caso de acreditación probatoria de fraude en los votos sino en un asunto estrictamente jurídico-constitucional.
En el caso de que prospere esta demanda, la facultad de nombrar electores presidenciales pasaría al poder legislativo de dichos Estados, en cuyo caso la solución definitiva podría variar en cada caso; se podría purgar el recuento electoral, excluyente los votos considerados ilegales a la luz de sus leyes estatales, o bien dividir sus votos electorales entre los dos candidatos, por poner dos ejemplos.
Estamos ante la acción judicial más importante realizada hasta el momento para impugnar los resultados electorales en los Estados Unidos, y además lo hace yendo directamente a la Corte Suprema Federal, saltándose los tribunales de justicia inferiores, en una cuestión que hasta ahora no se había planteado, abriéndose así un nuevo frente de batalla por la carrera presidencial y además por parte de uno de los Estados considerados como de los más duros dentro de la Unión, el de Texas.
Desde luego que no nos podemos quejar de falta de emoción y de sorpresas en las elecciones democráticas más controvertidas de la nación más fuerte del mundo.
Las espadas están en todo lo alto y pareciese que la voluntad de victoria no cesa en ningún caso a quien los medios de comunicación masivos se apresuraron en calificar como el perdedor.
Su macro mitin reciente en el aeropuerto de Georgia así lo atestigua. Nunca se había visto tanto fervor electoral en ningún mitin previo en toda la historia electoral de ese gran país.
Profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid; licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED, con diploma en Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid.